PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CASO TLATLAYA

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL CASO TLATLAYA

 

Danner González Rodríguez, Diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

 

La madrugada del 30 de junio de 2014, en la comunidad de San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron asesinadas 22 personas. Las primeras versiones oficiales y la información de notas periodísticas publicadas sobre este suceso fueron que se trató de un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos del 102 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en San Miguel Ixtapan, Tejupilco, Estado de México, donde los militares repelieron la agresión en su contra.

 

Sin embargo, el testimonio de “Julia”, una sobreviviente y testigo de los hechos, cambiaron radicalmente las investigaciones, las versiones y el sentir de la opinión pública. La testigo refirió que los civiles habían sido ejecutados -uno por uno- por los militares a sangre fría, cuando ya estaban rendidos y pedían clemencia.[1]

 

A raíz de esto, a que participó en las diligencias ministeriales correspondientes personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y a que se acotó el fuero militar para establecer que cuando algún integrante de las Fuerzas Armadas cometa un delito contra civiles (aun cuando se encuentre en funciones) deberá ser procesado en tribunales civiles, y a que presuntamente se violaron sistemáticamente una serie de derechos humanos,  tanto la Procuraduría General de República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), comenzaron las respectivas investigaciones y colaboraciones entre dependencias para aclarar el asunto.

 

El día 21 de octubre de 2014, la CNDH dio a conocer los resultados de la Recomendación 51/2014, referente a los hechos de Tlatlaya, en esa investigación la Comisión señaló, entre otras cosas, lo siguiente:

 

  • “Logró acreditar que en estas acciones algunos elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas, luego de un enfrentamiento que duró de 5 a 10 minutos”.[2]
  • La CNDH al realizar la investigación pertinente se enfrentó a cuatro obstáculos: “la versión oficial construida desde el día de los hechos en el sentido de que todas las personas privadas de la vida habían muerto en un enfrentamiento; la alteración del lugar de los hechos; haber omitido tomar la declaración de las víctimas sobrevivientes sobre los hechos relativos a la privación de la vida así como el trato del que fueron objeto, lo cual tuvo como resultado que fueran imputadas por delitos que no cometieron; y también omitir proporcionar fotografías con detalle individual de los cadáveres ubicados en el muro norte, de donde sólo se enviaron fotos con planos generales de la zona”.[3]
  • Logró acreditar que el día de los acontecimientos “se alteró la escena de los hechos y no fue preservada de manera adecuada; algunos cuerpos fueron movidos de ubicación y otros de posición; se colocaron armas en algunos cuerpos y se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de radiocomunicación, cuya existencia fue referida en los testimonios”.[4]
  • La CNDH observó que “la investigación de la Procuraduría General de la República por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas, fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014, a pesar que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación 1, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas y no han sido aún consignadas por su responsabilidad en dichos homicidios”.[5]
  • La CNDH también refiere que “logró acreditar una serie de acciones y omisiones realizadas por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de dos de las tres mujeres testigos sobrevivientes al quedar evidenciada la intencionalidad y la finalidad consistente en la autoincriminación y en la omisión de detalles sobre la privación arbitraria de la vida de las personas que murieron en la bodega”.[6]
  • “Este Organismo Nacional solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México las fotografías recabadas por el personal ministerial en el lugar de los hechos, así como de las necropsias, las cuales fueron proporcionadas en archivos digitales que contienen 1,676 fotografías. No obstante, al analizarlas se advirtió que respecto fotografías de los cadáveres en la bodega, de la denominada “zona 1”, esto es, muro norte (donde se encontraron los cadáveres de las víctimas V1, V2, V3, V4 y V5) no se recibieron fotografías con detalle individual de los cadáveres sino que únicamente se enviaron fotos con planos generales de la zona. Al advertir esto, se realizaron gestiones con el director general del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría estatal, lo cual confirmó que en efecto, las fotografías entregadas fueron las únicas recabadas, lo cual resulta poco verosímil, debido a que se observa que en las fotografías publicadas en diversos medios de comunicación que muestran cadáveres al interior de la bodega, se aprecian fotografías con acercamiento de los cadáveres de la zona 1, debiéndose tomar en cuenta que las únicas autoridades facultades para fotografiar una escena del crimen son las autoridades ministeriales. Es por ello que con su actuar los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, al no proporcionar la información con la que contaba de forma íntegra, obstaculizaron la investigación por violaciones a derechos humanos, que realizó este organismo nacional”. [7]
  • “Además de las violaciones a derechos humanos cometidas por personal militar que participó en los hechos, este Organismo Nacional logró acreditar la tortura y agresiones sexuales cometidas por parte de personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en agravio de V24 y V25, y los tratos inhumanos en agravio de V23, mujeres que estuvieron presente en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la integración de la carpeta de investigación 1”.[8]
  • En suma, para la CNDH los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México “atentaron en contra los derechos a la integridad y seguridad personal y a la libertad sexual de las víctimas, transgredieron los artículos 19, último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; 1.1, 1.2, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 2.2, 6.1, 6.2 y 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes; 7, 9.1 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 3 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 1, 2, 3, incisos a y b, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; 6 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 1, 2, 3 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y el numeral 4 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, los cuales señalan en concreto que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.[9]

 

  • “Además de los artículos vinculados a la tortura señalados, los servidores públicos que participaron en la tortura, la ordenaron o la toleraron, violaron también los preceptos 1, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, y 4, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 3, 4, incisos b), c) y e), 5, 6, 7, incisos a), b), d) y e), y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; los artículos 1 y 5, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como los numerales 3, 6, fracción V, y 41, fracción III, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en términos generales prohíben la discriminación por razón de sexo y la violencia física y psicológica contra las mujeres y establecen como obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual”.[10]
  • “Por otra parte, este Organismo Nacional observa que la actuación del personal ministerial adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México que estuvo presente el día de los hechos en la bodega, también transgredió los derechos humanos de las víctimas indirectas del caso, al no tomar medidas adecuadas para preservar el lugar de los hechos”. “Estas omisiones por parte de la autoridad ministerial tiene como consecuencia el incumplimiento de lo contenido en el acuerdo A/002/2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 2010, referente a los lineamientos de la Procuraduría General de la República para la preservación del lugar de los hechos, considerando que, de conformidad con su artículo 2, el mismo no obliga únicamente al personal adscrito a dicha Procuraduría, sino también a los agentes de las instituciones policiales, incluso estatales y municipales, para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. En dicho acuerdo se establece que las unidades de policía facultadas y los peritos deberán observar en forma metódica, completa, minuciosa y sistemática el lugar de los hechos y/o del hallazgo con la finalidad de buscar o identificar la existencia de indicios o evidencias de la probable comisión de un hecho delictuoso, así como efectuar la búsqueda de todo material sensible y significativo (indicio o evidencia) relacionado con la investigación, a través de los protocolos establecidos, así como de los métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística. Lo anterior no se llevó a cabo en el presente caso, debido a que, como ya se mencionó, a dicho personal le correspondía dejar protegida esa zona a fin de que no fuera contaminada”.[11]
  • “Todo lo anterior, se traduce en irregularidades al procedimiento de investigación por actuaciones negligentes por parte de la autoridad ministerial [del Estado de México], mismas que pudieran obstaculizar, y con ello vulnerar los derechos humanos de las víctimas indirectas, relativos a la verdad, al acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia”.[12]

 

 

 

 

Es importante señalar que tratándose de ejecuciones extrajudiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales.[13]

 

Han pasado ya más de 365 días de aquel trágico suceso en donde perdieron la vida 22 personas de una manera por lo demás sospechosa, y por la acción u omisión de las autoridades del Estado de México se violaron derechos humanos esenciales como la vida, la libertad, la seguridad jurídica, el debido proceso, la integridad y seguridad personal, la libertad sexual, el no ser sometido a tortura o a otros tratos crueles e inhumanos, entre otros.

 

El 2 de julio de 2015, con motivo de un año del caso Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., presentó un  informe titulado “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, donde pone especial énfasis sobre los grandes pendientes de las autoridades del Estado mexicano respecto a este acontecimiento.

 

De dicho análisis llama poderosamente la atención que hay razones que impiden tener el caso por resuelto; a través de pruebas documentales presuntamente se hace referencia a la existencia de órdenes castrenses que incentivaron graves violaciones a derechos humanos; se evidencian los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar; se hace mención de que no hay un trato digno para las víctimas del caso; y, finalmente, se pone de manifiesto la falta de justicia, verdad y reparaciones, con miras a generar verdaderas garantías de no repetición.[14]

 

Comparto la preocupación del Centro Miguel Agustín en el sentido de que “frente a casos de violaciones graves a derechos humanos, el Estado tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar al menos justicia y verdad. Estas obligaciones son exigibles ante casos de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias. En el caso Tlatlaya, la justicia ha sido incompleta y la verdad no ha sido esclarecida”.[15] “Son múltiples los aspectos de la investigación y de los juicios iniciados que no han quedado suficientemente esclarecidos[16]”. “Para el Centro Prodh no hay duda de que el número de víctimas de ejecución es mayor que el que hasta ahora se ha reconocido vía el ejercicio de acción penal. En consecuencia, esevidente que la PGR aún no ha terminadode esclarecer los hechos…”.[17]

 

Por último, aparte de las aportaciones que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. señala, también habría que agregar que a un año de distancia del caso Tlatlaya tampoco sabemos cuál ha sido el grado de avance de las autoridades en el cumplimiento de la recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que es apremiante conocer los alcances efectivos de ésta. 

 

Los derechos humanos no son una concesión graciosa de los gobernantes, son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona por el simple hecho de serlo, y se trata de disposiciones de primer orden que son indispensables para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.

 

Bajo ninguna circunstancia la muerte de 22 personas puede y debe quedar impune, máxime cuando los primeros obligados, por mandato constitucional, a respetar los derechos humanos de las personas son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y mujeres que ejercen la función de servidores públicos.

 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente

 

PUNTO DE ACUERDO.

 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del Estado de México, por conducto de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a que envíen un informe pormenorizado y detallado a esta Comisión Permanente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre el grado de avance y cumplimiento de la recomendación 51/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, referente al caso Tlatlaya.

 

Segundo.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en su calidad de Jefe del Estado mexicano, cumpla con las obligaciones internacionales de garantizar acceso a la justicia, verdad y reparación del daño a las víctimas, en el caso Tlatlaya.

 

Tercero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que garantice el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas sobrevivientes en el caso Tlatlaya, se les proteja y se les tome en cuenta en todas las etapas de investigación.

 

Cuarto.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que dé plenas garantías de seguridad a los defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan las investigaciones del caso Tlatlaya.

 

Quinto.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que en la indagatoria referente al caso Tlatlaya, permita la participación de especialistas institucionales independientes en materia de defensa de derechos humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto de fortalecer las investigaciones respecto a los hechos ocurridos el día 30 de junio de 2014, y para que a la brevedad se esclarezcan éstos y se deslinden responsabilidades.

 

 

 

 

 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,

DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 15 días del mes de julio de 2015.




[1] Ver “Militares los mataron “uno por uno”, en Edomex: ‘Esquire’”. Aristegui Noticias, 19 de septiembre de 2014. Disponible en: http://aristeguinoticias.com/1909/mexico/militares-los-mataron-uno-por-uno-en-edomex-esquire/ [Última consulta: 12 de julio de 2015].

[2] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comunicado de Prensa CGCP/299/14, México D.F., 21 de octubre de 2014, p. 1. Ver en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Comunicados/2014/COM_2014_299.pdf [Última consulta: 12 de julio de 2015]

[3] Ídem.

[4] Ibídem, p. 2.

[5] Ídem.

[6] Ibídem, p. 2 y 3.

[7] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación No. 51/2014. Sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en cuadrilla nueva , comunidad San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, Estado de México, México D.F., 21 de octubre de 2014, p. 26. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2014/REC_2014_051.pdf [Última consulta: 12 de julio de 2015].

[8] Ibídem, p. 27.

[9] Ibídem, p. 79.

[10] Ídem.

[11] Ibídem, p. 80.

[12] Ibídem, p. 82.

[13] “México debe investigar cadena de mando militar en caso Tlatlaya”, CEJIL, 6 de julio de 2015. Disponible en: http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1594%3Amexico-debe-investigar-cadena-de-mando-militar-en-caso-tlatlaya&catid=209%3Afront-rokstories&lang=es [Última consulta: 12 de julio de 2015]

[14] “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.”, México, junio de 2015, p. 6. Disponible en: http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=198&Itemid=28&lang=es [Última consulta: 12 de julio de 2015]

[15] Ibídem, p. 10.

[16] Ibídem, p. 11.

[17] Ibídem, p. 13.

Ismael del Toro